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Boletín de noticias 7 de febrero de 2012
EL TIEMPO
INVESTIGAN A 17 JUECES POR CONCEDER TUTELAS IRREGULARES CONTRA TELECOM
Los fallos fueron por $33.000 millones, desembolsados por el Patrimonio Autónomo de Remanentes.
Tras la avalancha de fallos irregulares de tutelas que siguen desangrando a la liquidada empresa estatal de telecomunicaciones Telecom, las gestiones para detener este desfalco están dando frutos.
El Consejo Superior de la Judicatura adelanta investigaciones contra 17 jueces por haber concedido vía tutela multimillonarias pensiones a extrabajadores de la antigua Telecom, que no cumplían los requisitos de ley para acceder al Plan de Pensión Anticipada (PPA), al llamado 'retén social' y al fuero sindical, como edad y tiempo de servicio, entre otros.
Los fallos, por casi 33.000 millones de pesos, desembolsados por el Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) Telecom, entidad fiduciaria que maneja los recursos de la liquidada empresa, tienen hoy bajo la lupa a funcionarios judiciales de Córdoba, Sucre, Valle, Cauca, Antioquia y Bogotá.
Tras las investigaciones, una jueza de Córdoba ya fue sancionada con destitución e inhabilidad por 10 años, en fallo emitido por el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico.
La jueza "se arrogó competencias que no tenía, ordenando el pago de recursos del PAR Telecom en cuantía superior a los 725 millones de pesos, cuando la acción no cumplía con los requisitos", dice la sentencia.
Actualmente, el PAR Telecom tiene embargados 45.900 millones de pesos correspondientes a fallos por PPA, 'retén social' y fuero sindical. "Esa platica se perdió", aseguró una funcionaria del PAR Telecom, quien sostiene que gran parte de ese dinero corresponde a tutelas que ya fueron revocadas, pero que será imposible recuperar porque las personas que lo recibieron se declaran insolventes, o no se les puede ubicar.
Según la misma funcionaria, con lo que ha desembolsado el PAR Telecom desde el 2004 por pagos de tutelas y embargos, el hueco ya va en más de 140.000 millones de pesos y seguirá creciendo si no se detienen las irregularidades.
"Es un taxímetro que sigue corriendo, pues hasta el momento 393 personas han tenido que ser integradas a la nómina de la entidad por PPA vía tutelas irregulares. Esto le cuesta al PAR Telecom 1.381 millones de pesos mensuales", aseguró la funcionaria.
Sin embargo, precisó, desde junio del 2010 el pago de este dinero fue suspendido mediante la aplicación del Auto 241 de la Corte Constitucional, que revocó y suspendió los efectos de la mayoría de tutelas por PPA.
Y agregó que están agotando los recursos jurídicos disponibles para tratar de recuperar más de 26.000 millones de pesos por fallos de tutela.
Rectificación
El 4 de diciembre del 2009, en el artículo titulado 'Desfalco con tutelas a Telecom ya asciende a 120 mil millones de pesos y va en aumento', relacionado con los fallos de tutela que han emitido varios jueces a favor de extrabajadores de la entidad y en contra de la liquidada Telecom, se dijo que EL TIEMPO llamó al juez primero promiscuo municipal de Sahagún (Córdoba), Albert Rafael Ramos Navarro, para que explicara sus fallos en contra de Telecom.
EL TIEMPO rectifica tal información. En este orden de ideas, Marta Elvira Soto Franco y Orlando León Restrepo Escobar, editora y subeditor de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, respectivamente, rectifican la información original del artículo relacionada con el juez Ramos Navarro y aclaran que este no ha proferido fallos en contra de la entidad mencionada.
REFORMA A LA JUSTICIA VOLVIÓ A ACERCAR AL GOBIERNO CON LAS CORTES
Magistrados, congresistas y Minjusticia debatieron este lunes el futuro de la Judicatura.
Después de casi cuatro meses de rompimiento, el Gobierno y las cortes volvieron a sentarse a la mesa ayer y hablaron de la reforma a la Justicia.
Un encuentro convocado por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echeverría Olózoga fue el escenario para romper el hielo entre las partes, luego de que en diciembre pasado los magistrados se retiraron de la discusión del proyecto.
Aunque no se trata de un regreso oficial al debate, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, agradeció la participación de los magistrados en la socialización de la iniciativa, que sigue su trámite en el Congreso el 16 de marzo.
"He tenido conversaciones con magistrados, pero no oficialmente" con las corporaciones en pleno, indicó el jefe de la cartera de Justicia.
Aunque no hubo consenso frente al tema central de la charla -el futuro del Consejo Superior de la Judicatura- ambas partes coincidieron en la necesidad de revisar a fondo el sistema disciplinario para los jueces y abogados.
El ministro Esguerra reiteró que frente a las funciones disciplinarias, la Judicatura ha sido "muy inferior a lo que le fue asignado".
Frente a ello, el magistrado de la Corte Suprema Jaime Arrubla, dijo que "el país ha dado muchos tumbos en materia disciplinaria" y pidió al Gobierno reconsiderar su intención de eliminar la Judicatura, contemplada en el proyecto de reforma.
"Lo que ha fallado no ha sido el Congreso, la falla ha estado en la elección de los magistrados. Creímos que el Presidente de la República iba a elegir a los más expertos para que el Congreso decidiera", indicó Arrubla.
Al encuentro también asistieron el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Ricardo Monroy, y su vicepresidente, el magistrado Jorge Armando Otálora. Por el Congreso de la República asistieron el representante a la Cámara Alfonso Prada y el senador Guillermo Rivera.
En medio del encuentro, el magistrado Otálora respondió que el informe de la Contraloría sobre el 'carrusel' de pensiones en el tribunal está sobredimensionado por los medios. Aseguró que la cifra de magistrados cuestionados no llega a una decena, cuando el ente de control mencionó a 21 de ellos.
Sobre este tema, Esguerra cuestionó que así fuera "un solo caso", esas situaciones merecen ser investigadas y sancionadas.
Mientras se llevaba a cabo este acercamiento, el Consejo de Estado, en Sala Plena extraordinaria, mantuvo la puerta cerrada a cualquier diálogo para regresar al debate de la reforma.
El presidente de ese alto tribunal, el magistrado Gustavo Gómez, reiteró que ellos se retiran de la discusión y argumentó que la forma como fue diseñada acaba con los "límites de la autonomía de las tres ramas del poder público", indicó.
MINISTRO DE JUSTICIA ANUNCIA UN NUEVO CÓDIGO PENITENCIARIO
Juan Carlos Esguerra lo anunció tras irregularidades de los Nule en casas fiscales de La Picota.
El ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra hizo este anuncio tras conocerse las irregularidades halladas en la cárcel de La Picota, específicamente en el lugar de reclusión de los Nule, donde se encontraron elementos prohibidos por el reglamento penitenciario.
Esguerra informó que su cartera trabaja en la elaboración de un nuevo código penitenciario y carcelario que establezca sanciones rigurosas tanto a internos como a guardianes y a funcionarios que incurran en irregularidades o violen las normas carcelarias.
“Es claro que hace falta. Ya estamos terminando un nuevo código penitenciario como Dios manda, que establezca unas condiciones que determinen un reglamento y funcionamiento de las cárceles, también como Dios manda, y que determine unas sanciones tanto para el recluso como para quienes desde la guardia pueden haber incurrido en irregularidades, igualmente como Dios manda”, aseguró el alto funcionario. (Lea también: Un 'palacio' escondido en la casa fiscal de los Nule en La Picota)
El ministro Esguerra aseveró que este nuevo código será socializado debidamente y se presentará al Congreso en la próxima legislatura. Señaló igualmente que las propuestas están siendo trabajadas por un Consejo Asesor y por el conjunto de abogados del Ministerio de Justicia.
EDITORIAL: DE ESCOLTAS Y PERSONAJES
Es labor de la Policía en las diferentes ciudades controlar y castigar los excesos de los escoltas.
Son incontables las denuncias que durante los últimos años han recibido los medios de comunicación referentes al comportamiento de los esquemas de seguridad que protegen a miles de personas a lo largo y ancho del país. Las quejas van desde el estacionamiento de vehículos en sitios prohibidos y el desconocimiento de las normas de tránsito, hasta la agresividad con conductores y peatones. No todos, a decir verdad, se comportan así, pero tal pareciera que los 'personajes' que respetan a los demás son tan solo una minoría.
En tal sentido, es bienvenido el anuncio hecho por el director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, quien ha señalado que tiene la voluntad de aconductar a las personas que emplea la entidad a su cargo. Dicho organismo no es el único responsable en el Estado del cuidado de funcionarios y particulares, pero es el más grande. En total, les garantiza la vida a unos 9.200 ciudadanos, a los cuales les asigna sus correspondientes automóviles, choferes y escoltas.
El costo de ese esfuerzo, cuando se agrega lo que gasta la Dirección de Protección de la Policía, asciende a unos 450.000 millones de pesos anuales que salen de los impuestos que pagan los colombianos. En la cuenta, aparte de los esquemas móviles, se incluyen celulares para comunicarse con las autoridades, chalecos blindados y tiquetes aéreos o terrestres, así como apoyos de reubicación.
La justificación de que exista ese privilegio es clara. En la medida en que en el país existen fuerzas oscuras, resulta indispensable tenderles la mano a gentes que por la naturaleza del cargo que ocupan o por su visibilidad corren peligros reales. En la lista hay desde concejales hasta alcaldes, pasando por dirigentes políticos, periodistas, defensores de los derechos humanos, líderes comunitarios o sindicalistas, entre otros.
Sin embargo, así como es aceptable que miles de personas tengan ese derecho, también hay que recordar que el mismo debe venir acompañado de obligaciones. Entre ellas se encuentran el elemental respeto por las normas de tráfico y convivencia, como también el uso de las personas asignadas por el Gobierno para que se dediquen solo a labores de protección, que no incluyen precisamente el hacer consignaciones bancarias o la compra del mercado.
Aparte de lo anterior, es claro que se requiere una labor de depuración, por la sencilla razón de que los perfiles de riesgo evolucionan con el paso del tiempo. Por ejemplo, si alguien cambia de cargo y pasa a ocupar posiciones de menor visibilidad, es probable que ya no necesite el cuidado estatal.
Lamentablemente, no faltan en el país quienes creen que su importancia es directamente proporcional al número de escoltas con que cuentan. Eso hace que los intentos de recortar aquí o racionalizar allá sean fuente de presiones de todo tipo en el alto Gobierno.
Asimismo, se encuentra la necesidad de recuperar los elementos entregados en usufructo, algo que es difícil. Para citar un caso, el primero de febrero la Unidad de Protección no había recibido 63 vehículos que debían haber sido reintegrados, además de centenares de chalecos blindados y celulares.
Tales abusos dejan en claro que llegó la hora de apretar las tuercas. Aparte de que la seguridad debe dársele a quien la necesite, como resultado de un estudio técnico de riesgos, es labor de la Policía en las diferentes ciudades controlar y castigar los excesos de los escoltas. Solamente mediante una mezcla adecuada de pedagogía y sanciones ejemplarizantes será posible devolver las cosas a su cauce normal, para que las infracciones que hoy son la norma se conviertan en una excepción.
EL ESPECTADOR
RICARDO MONROY CHURCH, NUEVO PRESIDENTE DE LA JUDICATURA
En la tarde de este lunes, fue elegido por unanimidad como nuevo presidente del Consejo Superior de la Judicatura Ricardo Hernando Monroy Church, en remplazo de el magistrado Angelino Lizcano.
La Sala Plena de la Judicatura, igualmente eligió como vicepresidente de la Corporación al magistrado de la Sala Disciplinaria Jorfe Armando Otálora, quien ocupará el cargo que deja el ahora nuevo presidente de la Judicatura.
El magistrado Monroy Church tendrá como una de sus principales misiones, la defensa de la Corporación ante la reforma a la Justicia que se estudia actualmente en el Congreso de la República y en la cual se hace explicita la necesidad de modificarla.
Igualmente tendrá que buscar un nuevo balance de la Judicatura con el Gobierno, el cual ha cuestionado por la congestión de los despachos judiciales, así como la demora de los jueces para emitir fallos.
¿Quién es el nuevo presidente?
El magistrado Ricardo Monroy es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Derecho Comercial en la misma Universidad y en Derecho Público Comparado en la Universidad de Torino (Italia), con amplia experiencia en el sector público particularmente en la Alcaldía Mayor de Bogotá y Presidencia de la República.
En la Rama Judicial se ha desempeñado como Magistrado Auxiliar del Consejo de Estado, Consejero de Estado en provisionalidad y Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Se ha desempeñado como Asesor Jurídico de la Secretaria de Hacienda de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Director de Industria y Comercio, Secretario General de Impuestos (e) y Consultor de la Junta de Hacienda Distrital; en el Banco de la República como Abogado Asesor de la Subdirección de Derecho Público Económico y Subdirector de Derecho Administrativo del Departamento Jurídico y de la Junta Directiva. en la Presidencia de la República como Asesor Jurídico, Secretario Jurídico (E) y Delegado de Colombia ante la Organización de Estados Americanos – O.E.A. en Washington.
Ha sido catedrático de la Universidad Externado de Colombia, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, C.E.S.A. Universidad Libre, Universidad Autónoma y Universidad del Cauca, en las cátedras de Derecho Constitucional, Administrativo, Administrativo Económico, Financiero, Publico Financiero, Monetario Empresarial y Fundamentos Constitucionales del Derecho Administrativo.
Conferencista invitado entre las que se destacan las VI Jornadas de Derecho Administrativo “Allan Randolph Brewer-Carías” Caracas, Representante de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia ante la Cumbre Judicial Iberoamericana y Conferencista invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- Brasil al VIII Seminario Internacional de Gestión Judicial “Planteamiento Estratégico y Tecnológico frente al nuevo perfil de las demandas contemporáneas” organizado por el Consejo Nacional de Justicia de Brasil conjuntamente con el Centro de Estudios de Justicia de la Américas -CEJA- de la Organización de Estados Americanos -OEA.
GOBIERNO DICE QUE SÍ SE HAN TENIDO EN CUENTA PROPUESTAS DEL CONSEJO DE ESTADO
Juan Carlos Esguerra insistió a las Altas Cortes para que vuelvan a la discusión de la reforma.
Luego de conocer la decisión del Consejo de Estado de mantenerse al margen del debate de la Reforma a la Justicia, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, lamentó esta postura y reiteró que al Gobierno le daría mucho gusto que regresaran a la discusión.
“Por el lado del Gobierno sigue habiendo la misma disposición de siempre, nos encanta que estas discusiones tengan lugar con la participación de todos los protagonistas, nos encantan los mecanismos democráticos. El hecho que estemos aquí sentados demuestra hasta donde nuestra voluntad de lo que ahora se llama socializar los proyectos, para oír las voces del todo el mundo y por supuesto en primerísimo lugar, las de las propias Cortes, de manera que nos encantará pensar en eso”, aseguró.
El ministro recordó que buena parte de la columna del proyecto de Reforma a la Justicia partió precisamente de la propuesta que presentó el Consejo de Estado y sostuvo que muchos de esos temas siguen presentes en el proyecto.
“No es cierto que no se hayan tenido en cuenta sus propuestas, lo digo con todo respeto. Desde cuando se iniciaron las discusiones en el Congreso de la República, el Consejo de Estado participó, con nosotros, porque yo estuve presente como ellos en los foros y en las audiencias públicas que tuvieron lugar en varios sitios fuera de Bogotá: en Medellín, en Tunja, más las que tuvieron lugar en el Congreso de la República”, aseguró.
El lunes, al considerar que no se le dieron todas las garantías de participación y que sus comentarios no fueron tenidos en cuenta, el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, señaló que por unanimidad la Corporación confirmó su retiro en el debate del proyecto de reforma a la justicia que se adelanta en el Congreso de la República.
Según el magistrado, existe una gran “preocupación” frente al rumbo que ha tomado la reforma aclarando que se borran los límites de la división entre las tres ramas del poder público en Colombia delimitados en la Constitución de 1991, así como la repartición de justicia la cual caería en manos de “cualquier persona”.
“Se entra en una sustitución de la constitucional, la unidad de la rama judicial, afectando el sistema de pesos y contrapesos del poder y la delimitación de la Constitución en torno a la forma en cómo se diseño el Estado de Derecho en Colombia”, precisó el Gómez Aranguren
LLAMAN A VERSIÓN LIBRE A MAGISTRADOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
La Comisión de Acusaciones los citó para determinar su injerencia en el carrusel de pensiones.
La Comisión de Acusaciones llamó este martes a versión libre a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, implicados en el 'carrusel de las pensiones' de la justicia.
Así lo dio a conocer el representante coordinador de la investigación, Héctor Javier Vergara, quien señaló que la idea es conocer el testimonio de los mismos juristas.
"Los magistrados tendrán que atender la versión libre esta misma semana, ya fue firmado el auto y solo falta la notificación", sostuvo Vergara.
Magistrados citados
Julia Emma Garzón
Ovidio Claros
Pedro Sanabria
Henry Villaraga
Entre tanto, el presidente de la comisión, Germán Blanco Álvarez, ofició al mismo Consejo Superior de la Judicatura para que aclare lascompetencias frente a quién debe investigar a los magistrados: la Contraloría o la Comisión de Acusaciones.
“Nosotros creemos que los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura constitucionalmente deben ser investigados por la comisión de Acusaciones y lo deben ser por presuntas irregularidades de carácter disciplinario o penal”, dijo.
Para no ser ‘juez y parte’ se espera que sean unos conjueces del Consejo quienes definan la competencia.
El escándalo del carrusel de pensiones
La Contraloría General de la República abriójuicio de responsabilidad fiscal a los magistrados por el posible detrimento patrimonial de 13 mil millones de pesos por el llamado ‘carrusel de las pensiones’.
Según el ente de control, los altos funcionarios nombraron magistrados auxiliares por periodos de dos a tres meses para aumentarles sus pensiones de jubilación, la Contraloría intentará establecer por qué a varios de los pensionados, quienes recibían 4 millones se les aumentó el pago a 13 millones de pesos.
Además, llama la atención los pagos retroactivos que se efectuaron y los casos en los que los magistrados designados, quienes llevaban pocos días de labor recibieron pensiones demasiado altas.
Entre los investigados se encuentran el actual gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, Ovidio Claros y José Alfredo Escobar entre otros.
CONSEJO DE ESTADO CONFIRMÓ SU RETIRO DEL DEBATE DE REFORMA A LA JUSTICIA
El alto tribunal consideró que sus comentarios no fueron tenidos en cuenta en los debates que se llevan a cabo en el Congreso.
Al considerar que no se le dieron todas las garantías de participación y que sus comentarios no fueron tenidos en cuenta, el presidente del Consejo de Estado Gustavo Gómez señaló que este lunes por unanimidad la Corporación confirmó su retiro en el debate del proyecto de reforma a la justicia que se adelanta en el Congreso de la República.
Según el magistrado, existe una gran “preocupación” frente al rumbo que ha tomado la reforma aclarando que se borran los límites de la división entre las tres ramas del poder público en Colombia delimitados en la Constitución de 1991, así como la repartición de justicia la cual caería en manos de “cualquier persona”.
“Se entra en una sustitución de la constitucional, la unidad de la rama judicial, afectando el sistema de pesos y contrapesos del poder y la delimitación de la Constitución en torno a la forma en cómo se diseño el Estado de Derecho en Colombia”, precisó el Gómez Aranguren.
Para el magistrado, con la reforma tal como está, tanto abogados, como notarios, secretarios de juzgados que tengan poder judicial, “podrán repartir justicia” afectando así el sentido de cada Tribunal.
“Esto significa crear un ámbito muy doloroso y muy grave para la sociedad donde sus jueces pueden ser cualquiera, afectando la transparencia, igualdad y preparación académicas”, aclaró el togado, al señalar que dicho punto tal como está pone en riesgo la legitimidad y la definición de que es judicial y que no.
El mensaje del Consejo de Estado de claro al definir que las personas son las principales afectadas con dicho proyecto, puesto que se estaría entrando en una confusión en la administración de la justicia.
El presidente del Consejo de Estado precisó que de aprobarse la reforma “los jueces irán poco a poco perdiendo su credibilidad como elementos básicos de la sociedad civil, y el poder que manda se impondrá y la unanimidad y los recursos judiciales quedarán vacios.
GOBIERNO DICE QUE SÍ SE HAN TENIDO EN CUENTA PROPUESTAS DEL CONSEJO DE ESTADO
Luego de conocer la decisión del Consejo de Estado de mantenerse al margen del debate de la Reforma a la Justicia, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, lamentó esta postura y reiteró que al Gobierno le daría mucho gusto que regresaran a la discusión.
“Por el lado del Gobierno sigue habiendo la misma disposición de siempre, nos encanta que estas discusiones tengan lugar con la participación de todos los protagonistas, nos encantan los mecanismos democráticos. El hecho que estemos aquí sentados demuestra hasta donde nuestra voluntad de lo que ahora se llama socializar los proyectos, para oír las voces del todo el mundo y por supuesto en primerísimo lugar, las de las propias Cortes, de manera que nos encantará pensar en eso”, aseguró.
El ministro recordó que buena parte de la columna del proyecto de Reforma a la Justicia partió precisamente de la propuesta que presentó el Consejo de Estado y sostuvo que muchos de esos temas siguen presentes en el proyecto.
“No es cierto que no se hayan tenido en cuenta sus propuestas, lo digo con todo respeto. Desde cuando se iniciaron las discusiones en el Congreso de la República, el Consejo de Estado participó, con nosotros, porque yo estuve presente como ellos en los foros y en las audiencias públicas que tuvieron lugar en varios sitios fuera de Bogotá: en Medellín, en Tunja, más las que tuvieron lugar en el Congreso de la República”, aseguró.
El lunes, al considerar que no se le dieron todas las garantías de participación y que sus comentarios no fueron tenidos en cuenta, el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, señaló que por unanimidad la Corporación confirmó su retiro en el debate del proyecto de reforma a la justicia que se adelanta en el Congreso de la República.
Según el magistrado, existe una gran “preocupación” frente al rumbo que ha tomado la reforma aclarando que se borran los límites de la división entre las tres ramas del poder público en Colombia delimitados en la Constitución de 1991, así como la repartición de justicia la cual caería en manos de “cualquier persona”.
“Se entra en una sustitución de la constitucional, la unidad de la rama judicial, afectando el sistema de pesos y contrapesos del poder y la delimitación de la Constitución en torno a la forma en cómo se diseño el Estado de Derecho en Colombia”, precisó el Gómez Aranguren.
EL NUEVO SIGLO
MAGISTRADOS DECLARARÁN EN 'CARRUSEL DE PENSIONES'
Ovidio Claros, Pedro Sanabria, Henry Villaraga y Julia Emma Garzón deberán rendir versión libre esta semana ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
El representante y coordinador de la investigación por las presuntas irregularidades en el nombramiento de magistrados auxiliares por cortos períodos de tiempo para aumentarles sus pensiones de jubilación como lo denunció la Contraloría, Héctor Javier Vergara, la diligencia busca escuchar las explicaciones que al respecto tienen los citados, integrantes del Consejo Superior de la Judicatura.
Como se sabe, la Contraloría General abrió juicio de responsabilidad fiscal a varios magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por un posible detrimento patrimonial de $12 mil millones ante lo que se ha conocido como el “carrusel de las pensiones”.
Por su parte el representante Germán Blanco, presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara elevó una consulta al Consejo Superior de la Judicatura para definir cual es el ente encargado de investigar a los magistrados, si la Contraloría o el organismo a su cargo.
“Nosotros creemos que los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura constitucionalmente deben ser investigados por la comisión de Acusaciones y lo deben ser por presuntas irregularidades de carácter disciplinario o penal”, dijo.
JUSTICIA INAMOVIBLE
Muchas son las fórmulas a las que suele recurrir el periodismo para resumir la realidad. Entre ellas, en referencia a la Justicia y los temas que investiga, las más constantes son “choque de trenes”, “luna de miel”, “carruseles”, “parapolítica”, “chuzadas”, “Yidispolítica”, y tantos otros calificativos que se han vuelto normales para dilucidar el acontecer nacional.
En los últimos días precisamente la Justicia se ha visto impactada por sus fallos y las reacciones correspondientes. En el caso particular del emitido por el Tribunal Superior de Bogotá sobre el Palacio de Justicia, pendiente de la casación, la controversia no significa, en absoluto, que pueda aquel convertirse en la punta de lanza para desprestigiar y señalar a la Rama Judicial en la fenomenal labor que ha venido adelantando para limpiar la política de tantas circunstancias escabrosas y sancionar la corrupción. Por el contrario, corresponderá a la Corte Suprema de Justicia dar la palabra final sobre este tema, que tanto remueve el espíritu nacional, y se confía plenamente en su sindéresis para finalmente declarar la cosa juzgada al respecto. No se necesita, pues, ni de leyes de punto final, ni de altisonantes debates que distraen la materia en cuestión, sino que es suficiente con la proclamación que haga la Corte y sin duda ello es lo que puede calificarse de antemano de un fallo histórico. En resumen, lo que siempre es aconsejable en relación con la Justicia, es dejarla operar pronta y debidamente. Controvertir un fallo intermedio, como el del Tribunal de Bogotá, no significa bajo ningún motivo que se vaya a desacatar o golpear el dictamen que en su momento, y dentro de sus facultades, formule la máxima instancia judicial. Y no por ello, tampoco, puede decirse que las ramas Ejecutiva y Judicial hayan roto la “luna de miel” que, por lo demás, nada tiene que ver con las realidades institucionales que exigen tanto autonomía como colaboración mutua.
Mucho menos, desde luego, es el momento para que el Gobierno y la Fiscalía dejen de insistir, ante los organismos competentes, en la extradición de María del Pilar Hurtado, para completar el círculo de las “chuzadas” y romper la impunidad de la que la actitud panameña parecería ser cómplice, por cuanto es a todas luces inconsecuente decir que en Colombia hay persecución política por cumplir con su deber de develar y sancionar los delitos. La extradición de Hurtado, al mismo nivel de la de alias “Julián Conrado” por parte de Venezuela, es asunto de Estado.
Suele decirse preso político de quien comete delitos políticos, es decir, rebelión, sedición o asonada. Y ello se pregona también de quien acepta rebelarse contra el sistema o de quien pretende sustituirlo. No hay, pues, presos políticos en Colombia, salvo los provenientes del conflicto armado interno reconocido por el propio Presidente. Lo que hay son delincuentes comunes demostrados, entre otras, en los desfalcos, las contrataciones ilegales, las interceptaciones espurias, el mal uso de los instrumentos del Estado y la asociación con agentes armados irregulares, soportados en el narcotráfico.
Por fortuna, la Corte Suprema de Justicia ha sido baluarte en la defensa de la institucionalidad, cuyo quiebre estuvo a punto de producirse. Las sanciones ejemplares de tanto proceso, y las que faltan, permiten destacarla como elemento sustancial de este momento de la historia. Igual pasa, en muchos casos, con la Fiscalía General de la Nación, de la que el país sigue esperando el tino y el rigor con los que ha venido actuando.
Recortar facultades jurisdiccionales, en medio del propagandismo, como ocurre con algunos actos en el Consejo Superior de la Judicatura, no se resuelve por la vía de cambiar las normas, sino por conductas como la de la Contralora, es decir, usando puntualmente sus facultades y competencias.
Que el presidente Juan Manuel Santos se haya sintonizado con la gran mayoría de colombianos frente al fallo del Tribunal Superior de Bogotá, en lo que nos hemos contado, no quiere decir que vaya a modificar su claro propósito de reinstitucionalizar al país. Y ello, desde luego, siempre será a favor de la Justicia, pese a los cantos de sirena de quienes quieren, estratégicamente, desestimarla como el súmmum democrático de la autoridad.
REVISTA SEMANA
RESPONSABILIDAD EN ‘CARRUSEL’ DE PENSIONES LA DEBE ASUMIR CADA DESPACHO: NUEVO PRESIDENTE DEL CSJ
Los magistrados están pendientes del resultado de la investigación.
La denuncia de la Contraloría General por el ‘carrusel’ de pensiones sigue causando revuelo. El entrante presidente del CSJ, Ricardo Monroy, dejó entrever que cada magistrado debe responder individualmente.
El entrante presidente del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), Ricardo Monroy, entidad que está siendo investigada por parte de la Contraloría de la República por el llamado, “carrusel de las pensiones’, aseguró que los magistrados son autónomos en la designación de reemplazos y que por ello la responsabilidad no podría ser de cuerpo.
Monroy aclaró que a diferencia de lo que pasa en otros estamentos judiciales el nombramiento de los magistrados lo hace cada uno en los despachos. “Es competencia exclusiva de cada uno de los magistrados”, dijo.
Por ello resaltó que como servidores públicos se deben dar las explicaciones. “Ese es el (estado) que se encuentran cada uno de los magistrados a quienes se les ha preguntado por esa situación”, afirmó Monroy en diálogo con la W Radio.
Además sostuvo que lo denunciado por la Contraloría no se tenía conocimiento en el CSJ ya que "no es función de la administración de judicial el reconocimiento de la pensión".
Para el magistrado es cierto que en la justicia hay regimenes especiales por la importancia y riesgo que asumen los jueces, pero dijo que es hora de continuar en el avance en la corrección del régimen legal de pensión. “De manera que la pensión que un determinado servidor tenga finalmente corresponda por un promedio de aportes”.
Antecedente
Hace unos días se conoció que 21 magistrados del CSJ están siendo investigados por la Contraloría la cual denunció un detrimento cercano a los 13 mil millones de pesos por pago de pensiones a magistrados auxiliares.
Esa versión fue desmentida por el saliente presidente del CSJ, Henry Villarraga, quien dijo que había una anomalía en la investigación que adelanta la Contraloría General. Según el alto magistrado, el ente de control no conoce los nombres de magistrados que supuestamente facilitaron el aumento de pensiones a magistrados auxiliares.
"No se sabe los nombres de esas personas que tienen que responder fiscalmente", dijo Villarraga antes de salir de su cargo.
CONSEJO DE ESTADO NO REGRESARÁ AL DEBATE DE LA REFORMA A LA JUSTICIA
Los magistrados del Consejo de Estado no están de acuerdo en que cualquier ciudadano imparta justicia, como lo prevé la iniciativa.
A pesar del llamado que hizo el Gobierno hace unos días y de un acercamiento este lunes del presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, los magistrados del Consejo de Estado decidieron distanciarse del debate de la reforma a la justicia.
Tras una sala plena que duró más de nueve horas, el propio presidente del Alto Tribunal, Gustavo Gómez, aseguró que el proyecto no está en la línea de lo que necesita la justicia en el país y que van a promover un foro con diversos sectores para explicar las razones de su decisión y el por qué se está en desacuerdo con esa iniciativa.
“El Consejo de Estado registró con gran preocupación las circunstancias como se debilita la unidad de la rama judicial, se entra en una sustitución de la Constitución, se afecta el sistema de pesos y contrapesos del poder”, señaló Gómez.
Para los magistrados del Alto Tribunal no cabe duda de que con ese proyecto hay un riesgo para los ciudadanos, “para la legitimidad del orden jurídico y para la supervivencia democrática de la sociedad”, dijo el magistrado.
Entre otras razones a los magistrados del Consejo de Estado no les gusta que un juez superior emita jurisprudencia en los casos de tutela y que cualquier ciudadano pueda ejercer la condición de juez. Para ellos, eso pone en peligro la administración de justicia.
Se espera que esta semana haya un pronunciamiento del pleno de la Corte Suprema sobre su participación en los debates de la reforma a la justicia.
CMI
MINJUSTICIA LAMENTA QUE CONSEJO DE ESTADO SE APARTE DE DISCUSIÓN SOBRE REFORMA A LA JUSTICIA
Luego de conocer la decisión del Consejo de Estado de apartarse del debate sobre la reforma a la justicia, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, jefe de la cartera de Justicia, calificó de lamentable esa postura.
“Al Gobierno le encanta que estas discusiones tengan lugar con la participación de todos los protagonistas, nos encantan los mecanismos democráticos. Tenemos toda la voluntad de socializar los proyectos, para oír las voces del todo el mundo y por supuesto en primerísimo lugar, las de las propias Cortes”, aseguró el alto funcionario.
El ministro Esguerra recordó que buena parte de la columna del proyecto de reforma a la justicia partió precisamente de la propuesta que presentó el Consejo de Estado, y añadió además que esos temas siguen presentes en el proyecto.
“No es cierto que no se hayan tenido en cuenta sus propuestas. Desde cuando se iniciaron las discusiones en el Congreso de la República, el Consejo de Estado participó, con nosotros, porque yo estuve presente como ellos en los foros y en las audiencias públicas que tuvieron lugar en varios sitios fuera de Bogotá, más las que tuvieron lugar en el Congreso de la República”, aseguró.
LA SEGUNDA REFORMA TRIBUTARIA DEL PRESIDENTE SANTOS TAMBALEA EN LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Hay una demanda contra la segunda reforma tributaria del gobierno Santos que cursa en la Corte Constitucional y que tiene al Gobierno con la soga al cuello.
Los términos de la demanda están suspendidos porque los magistrados tienen que estudiar varios impedimentos. Ya aceptaron el del magistrado Luis Ernesto Vargas y están esperando que los magistrados Nilson Pinilla y Jorge Palacio justifiquen los de ellos.
Lo que están revisando es la publicación de la reforma, porque fue aprobada en diciembre de 2010, pero salió publicada en el Diario Oficial los primeros días de enero de 2011 y, según el demandante, eso es inconstitucional.
Conclusión: la reforma tambalea, pero los términos están suspendidos.